La   Junta Directiva   del Colegio Nacional de Abogados de Panamá,  en cumplimiento de su responsabilidad de organismo gremial representativo del gremio de los abogados panameños,  expresa su opinión  al país, relacionada con la reciente designación de (2) dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes,  realizada por el Presidente de la República y los miembros de su Consejo de Gabinete.

Deseamos puntualizar frente a nuestro respetado gremio y la sociedad panameña, lo siguiente:

Primero:   Es un hecho cierto que en la designación de uno de los magistrados y uno de los suplentes, el organismo nominador desestimó sin justificación aceptable a la luz de los procedimientos dictados por ellos mismos,  las reglas autoimpuestas y que tanto los abogados como la sociedad habían aceptado como válidas y transparentes para cumplir tan altas responsabilidades constitucionales. La designación de un magistrado para la Sala Contencioso-Administrativa  y su suplente, se realizó sin que los mismos se sometieran al escrutinio de la opinión pública, y bajo el pretexto de los infundados argumentos de que en  el listado no habían profesionales con los perfiles exigidos, cuando nuestra organización y la sociedad civil sabe que en tal evento, entre los abogados que no participaron en el proceso y cuyos méritos son incuestionables,  hay muchos distinguidos profesionales que reunen con creces el perfil exigido.

Segundo: Que el hecho de descalificar a distinguidos profesionales del gremio y muy respetables funcionarios del Órgano Judicial   que atendieron la convocatoria del organismo nominador con la esperanza mínima de respeto,  y  que fueron incluidos en la lista  por estar debidamente acreditados conforme a las disposiciones legales vigentes,  es interpretado como un atentado contra la imagen profesional de estos ciudadanos y   merecen una disculpa pública.  Asimismo, el indicar que  el hecho de que los profesionales del derecho que en algun momento ejerzan libremente su profesión en representación  de causas  penales específicas están descalificados para altas funciones, demuestra un peligroso desconocimiento del derecho que tiene  toda persona de hacerse representar por profesionales idóneos y  promueve injustificadamente una estigmatización que alienta  la confusión del defensor con  la causa representada, totalmene inaceptable para nuestro gremio.

Tercero: En función de lo anterior, formulamos un llamado  a todos los abogados que fueron objeto de este lamentable desaire, que hagan llegar por los medios correspondientes  su posición personal, expresándoles de parte de nuestro gremio las disculpas públicas y nuestro reconocimiento por haber tenido el valor ciudadano de someter sus aspiraciones para el mejoramiento de la justicia panameña.

Cuarto:  Reconocemos que la norma constitucional vigente concede al Organo Ejecutivo la facultad de designar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Sin embargo, ante los acontecimientos y claras contradicciones que se han producido en este procedimiento, se impone  una reforma constitucional que libere al Organo Ejecutivo de la históricamente mal ejercida responsabilidad  Constitucional  y de los peligros que significa el exceso de poder del Organo Ejecutivo con respecto al  Judicial,  que ofrece la posiblidad de garantizar control y por lo tanto, manipulación injustificada de la justicia.

Quinto:  Exigimos  a la Comisión de Credenciales y al Pleno de la  Asamblea Nacional, el más profundo examen de las condiciones profesionales, morales y antecedentes de los designados, lo mismo que las calificaciones exigidas en el campo jurídico, entre las cuales debe privar la experiencia y competencia demostrada,  al igual   que la opinión pública validada por los medios a su alcance, a fin de evitar la permanente frustación que sentimos tanto los abogados como la sociedad  con respecto a  nuestra más alta corporación de justicia.

Dado en la ciudad de Panamà, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2009.

El Presidente                                                        La  Secretaria

Rubén Elías Rodríguez Avila                   Carol M. Durling